ACD PIDE A LA FISCALÍA INVESTIGUE A POLÍTICOS, FUNCIONARIOS Y VECINOS POR “POSIBLES DELITOS” RELACIONADOS CON LA REDACCIÓN DEL PGO

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En contra de las indicaciones de los partidos políticos con representación municipal, la Asociación Comarcal Democrática del Nordeste de Tenerife ha presentado varias denuncias y escritos, que harán públicos los próximos días, para que se inicien investigaciones sobre la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de San Cristóbal de La Laguna, se abran causas por la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, de Falsedad Documental por alteración de carácter esencial en documento, de ocultación parcial de documento y de encubrimiento y prevaricación de la autoridad y de los funcionarios públicos.

Estas acciones dejan desnudas las intenciones de los partidos políticos elegidos en las elecciones de 2011, tanto a PP-CC-PSOE, que tenían intención de dejarlo aparcado para retomar la urbanización desmedida tras las elecciones de mayo, como las de Santiago Pérez Rubens Ascanio y los falsos representantes vecinales que han intervenido en el proceso, que han hecho todo lo posible para retrasarlo, hacerlo coincidir con las elecciones municipales y decir a los afectados que la única forma de salvar sus viviendas es votarles, lo cual se ha demostrado totalmente falso y alejado de los ideales con los que se llenan la boca en los medios.

Entre las personas a las que se pide que se investigue figuran Jesús Pimentel Conde, gerente de la U.T.E. Terra, Xavier Adsuara Varela, Director Técnico de la Revisión del PGO y Juan Carlos González González, geógrafo, sistematización GIS, todos ellos integrantes del Equipo Redactor del proyecto de Documento de Aprobación Inicial de la Revisión para la Adaptación Plena del P. G. O. de La Laguna, a los que se acusa de ser participantes en la alteración, ocultación parcial de documentación importante y de la elaboración de una Propuesta de Memoria Ambiental distinta de la existente.

También acusan Juan Manuel Bethencourt Padrón que es el actual Consejero-Director del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna, como autoridad que en razón de su cargo y función actuó como posible inductor y cooperante, y que por imprudencia grave incurrió en tal falsedad o dio lugar a que otros la cometieran ya que a sabiendas lo ocultó parcialmente a pesar de que en varios plenos ha sido informado de viva voz sobre tales posibles delitos por ciudadanos intervinientes, especialmente por miembros de la ACD.

No escapan tampoco miembros del propio Gobierno de Canarias, como Jesús Romero Espeja, actual Director Gral. de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias,  que posiblemente a sabiendas de su injusticia, retrasó varios meses la emisión del Informe para la COTMAC, haciéndolo fuera de plazo con la finalidad de favorecer su aprobación por silencio administrativo y así contrarrestar los efectos de sus actos propios de propuesta de suspensión, retrotracción y subsanación, y que, tras ser advertido de la ocultación de documentación, mantuvo su informe sobre el Instrumento de Planeamiento sin prevenir a los integrantes de la COTMAC, permitiendo así su consideración para tomar un acuerdo en el cual participó con voz y voto y que además lo encubrió tras tener conocimiento de la comisión del posible delito, ocultando sus efectos, impidiendo su descubrimiento y favoreciendo su impunidad hasta la actualidad mediante la más absoluta desatención a las pretensiones de investigación y aclaración, formuladas mediante escritos de 9/5/2013 y de 4/12/2014, dictando para tal fin y a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en este asunto administrativo, cometiendo así un posible delito de  prevaricación.

Otra miembro de la Dirección  General  de  Ordenación del Territorio también se ha convertido en blanco de las acusaciones de la Asociación, María del Carmen Nery Cordobés Sánchez, como funcionaria que presuntamente encubrió todo lo anterior tras tener conocimiento de la comisión del posible delito ocultando sus efectos, impidiendo su descubrimiento y manteniendo su impunidad hasta la actualidad mediante la más absoluta desatención a la pretensión de investigación y aclaración formulada en el escrito de 4/12/2014, acusándola además de un posible delito de prevaricación, por dictar a sabiendas de su injusticia y arbitrariedad, la Resolución de fecha 2/3/2015 que ampara la impunidad en este asunto.

También han instado a la Fiscalía de Medio Ambiente para que investigue al resto de personas relacionadas con los organismos encargados de la tramitación del PGO lagunero, desde los propios funcionarios de la Gerencia Municipal de urbanismo hasta los integrantes del Servicio Jurídico de Planeamiento Occidental, pasando por los integrantes de los equipos redactores del Plan y los políticos que votaron a favor de su aprobación, lo que no solo incluye al grupo de gobierno CC-PSOE y el PP, sino que también afecta a Socialistas por Tenerife y Alternativa Si Se Puede por Tenerife, ahora integrados en las coaliciones electorales SxTF-Nueva Canarias y Unid@s se puede junto con varios de los vecinos que apoyaron sus tesis y abalaron su apoyo al PGO.

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