XTF-NC INSISTE EN QUE EL PGO NO SE DEBE APROBAR “LO MÁS PRONTO POSIBLE” PORQUE HAY MUCHOS ASUNTOS QUE RESOLVER

FOTO DE JUAN LUIS HERRERA PEREZ

El pasado 17 de agosto nos sorprendían las declaraciones de la nueva concejal de urbanismo, Candelaría Díaz, en el Diario de Avisos. En las mismas argumentaba que, a su juicio, creía que la propuesta de PGO planteada en febrero de 2013 y luego revisada en agosto de 2014 había sido “la más participativa del mundo y que ya no hay mucho más que decir”. Primeramente debieramos dejar claro que entendemos por participación ciudadana. El hecho de tener una alta participación no significa que se trate del más participativo. Para ejemplificar esta situación podemos comparar dos hechos históricos: los referendums celebrados el 14 de diciembre de 1966 y el 12 de marzo de 1986. En el primero se sometió a votación la Ley Orgánica del Estado franquista con gran participación ciudadana; votó el 88% del total del censo y se aprobó por el 95% de los votantes. El segundo se trata del referendum sobre la OTAN. La participación en este caso fue del 59,42% y acabó siendo aprobado por el 52,5% del total de votantes. Sin tener en cuenta el contexto que rodea a ambos referendums, podríamos acabar afirmando que el celebrado en el año 1966 tuvo un mayor nivel de participación. A estos absurdos nos llevan las afirmaciones realizadas sin el debido análisis.

Respecto a las distintas propuestas sometidas a votación en el año 2009, ya planteabamos las irregularidades que hubieron durante el proceso, teniendo en cuenta que muchas de las alternativas finalmente elegidas habían sido votadas por una mayoría de vecinos que vivían o fuera del núcleo poblacional o incluso en municipios vecinos. Detectamos como se daba el caso de un mismo grupo que votaba idénticas propuestas a lo largo de todo el municipio. Las dudas respecto a esta participación implicaron que muchos vecinos se acabaran constituyendo en plataformas en defensa de un PGO más participativo, demandando precisamente que se tuviera en cuenta el parecer de todos los que habían permanecido ignorantes durante el proceso y que finalmente descubrieron lo que iba a implicarles la propuesta de planificación urbana presentada en febrero de 2013.

A día de hoy que podemos decir sobre el PGO. Pues que nos ha costado aproximadamente 4 millones de euros, y esto teniendo en cuenta que la empresa encargada de la planificación del mismo (Terra XXI S.L.) aplicó en su elaboración prácticas declaradas inconstitucionales desde el año 1997 (Sentencia Tribunal Constitucional 61/1997), como la “transferencia de aprovechamientos”. Esto implicó un fuerte reparo en los informes emitidos por la COTMAC conllevando el abandono de la ordenación pormenorizada de los suelos urbanizables y una pérdida de tiempo y dinero, culpa de la incompetencia de la mencionada empresa.

En cuanto a la cantidad de suelo rústico, descontando el clasificado en el Parque Rural de Anaga, en el Plan Especial de Protección del Casco y el de los asentamientos rurales, observamos que mientras la propuesta de planificación inicial de febrero de 2013 suponía la pérdida de 4.091.292 metros cuadrados, lo que implicaba una disminución del 7,6% respecto al clasificado en el plan vigente, después de las protestas de organizaciones de agricultores y ganaderos, AGATE y la COAG, y de las movilizaciones de las distintas plataformas vecinales en defensa de un PGO más Participativo y Sostenible, la Gerencia de Urbanismo tuvo que dar marcha atrás, planteando en la propuesta de agosto de 2014 una disminución de 1.497.580 metros cuadrados, es decir, el 2,79% del clasificado en el plan vigente. Esto, por lo menos ya ha supuesto un gran logro, aunque seguimos teniendo una pérdida casi 150 hectáreas de suelo agrícola.

Además, en la nueva propuesta presentada en agosto de 2014, hemos constatado una serie de irrregularidades de díficil solución, fruto de la mala gestión heredada de la pasada propuesta. La gestión económica de los suelos urbanizables deja mucho que desear, puesto que sigue incumpliendo preceptos legales como que el aprovechamiento urbanístico medio de los sectores de suelo urbanizable no puede diferir entre si más de un 15% (artículo 32.2.b.2 del DL 1/2000, de 8 de mayo); o la norma según la cual el reparto de los beneficios debe ser equitativo entre todos los propietarios. En este sentido, nos encontramos con diferencias en el beneficio medio de un 10% entre los sectores según las áreas de reparto, destacando casos sangrantes como el planteado en el pueblo de Valle de Guerra, donde en una misma zona se encuentran los dos sectores urbanizables que tienen las mayores diferencias entre sí de todo el municipio. Mientras en el llamado “sector del bulevar“ los vecinos propietarios obtendrían un beneficio de hasta un 84% si llegaran a urbanizarlo, a menos de 50 metros tenemos otro sector, el del “El Moral“, donde los propietarios perderían dinero si quisieran construirlo, siendo claramente inviable e irrealizable.

Se perjudica seriamente a los propietarios, tanto en los costes de urbanización que se plantean mucho más elevados y no ajustados a los valores de mercado, como en los precios de venta propuestos, que no guardan relación alguna con la evolución de los precios de la vivienda de protección oficial y libre que podemos consultar en las estadísticas aportadas por el Ministerio de Fomento o el propio INE.

Tampoco se ha calculado de la manera adecuada el valor inicial del suelo, a efectos de expropiación. Mientras el Real Decreto 1492/2011, que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, indica que las valoraciones deben hacerse en función de la productividad del suelo, las propuestas planteadas por el equipo redactor del plan tienen en cuenta las expectativas económicas que va a generar su clasificación, cuestión esta ya declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (Sentencia 141/2014). Así, resulta incongruente valorar los suelos más productivos del municipio a 30 €/m2, en Tejina y Valle de Guerra, mientras los de la Vega Lagunera se valoran a 48 €/m2, siendo mucho menos rentables.

Igualmente no se tiene en cuenta el diferente crecimiento poblacional según las distintas zonas del municipio, planteando una expectativa de crecimiento en los pueblos agrícolas que no guarda relación alguna con su tendencia natural. En este sentido, observamos como se pretende que el 66% del crecimiento poblacional tenga lugar en los suelos urbanizables de Geneto, La Vega Lagunera, Tejina y Valle de Guerra, poblaciones con un marcado caracter rural que, asimismo, contendrían el 63% del total de viviendas de nueva creación previstas para el año 2023. Entendemos que no se cumple lo determinado tanto en la Ley 1/2000, de Ordenación del Territorio de Canarias (artículo 52.2.b), como en la Ley 19/20003, de Directrices de Ordenación General de Canarias (Directriz 67.1), según las cuales se debe planificar la cantidad de suelo urbanizable que sea necesario para atender el razonable crecimiento previsible de la demanda residencial en los siguientes 10 años, teniendo en cuenta lo sucedido en los 10 años anteriores.

También queda por ver lo que sucederá con la vía exterior, cuyo trazado se pretende hace discurrir por suelos agrícolas de La Vega, muy óptimos para el cultivo, hecho por el cual se encuentran protegidos tanto en el PIOT como en la actual planificación urbana municipal. El trazado de esta nueva vía de alta capacidad no es la solución a los problemas de movilidad y además su ejecución supondría la destrucción directa de 901.415 metros cuadrados de suelo agrícola, según indicaban las alegaciones presentadas por la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE).

Otro asunto que queda por resolver es el perjuicio directo que se ocasiona a muchos vecinos cuyas propiedades se encuentran clasificadas como Urbano Consolidado en la planificación vigente y a las que se les pretende aplicar nuevas cargas urbanísticas que no son posibles en estos Suelos ya Urbanos Consolidados.

Después de todo lo anterior, el único hecho cierto es que donde realmente debemos hacer hincapié es en tener una planificación sostenible que evite la mayor cantidad de perjuicios y plantee soluciones de cara a los próximos 10 años, no en aprobarlo lo más pronto posible, cueste lo que cueste.

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