Del boncho de Ana Oramas y Fernando Clavijo estos lodos por José Luis Hernández (Concejal de Unid@s se puede en La Laguna)

JL HDEZ

En 1999 Ana Oramas accede a la alcaldía lagunera apuntalada por el PP y con un pacto para desbancar a Santiago Pérez, candidato del PSOE y cabeza de lista más votado, que no alcanzó la mayoría absoluta por un puñado de votos. Eran años de vacas gordas en lo económico y con un frenesí desmedido por inflar la burbuja del bloque y del gasto público en general.

Oramas tenía ante sí el reto de apuntalar su cargo y mejorar sus débiles resultados electorales, para lo que emprendió una carrera de gasto que pasaba por engrosar la maquinaria política municipal, dispendios en propaganda, tejer una red clientelar en todos los barrios y pueblos laguneros y por una campaña de obras públicas que buscaba aparentar riqueza y gestión, más que satisfacer las verdaderas necesidades ciudadanas. A su vez se descuidaba el pago de servicios esenciales como el de recogida de basuras, que llegó a acumular una deuda de 15 millones.

En 2003 la estrategia de Oramas no consigue llevarla a la alcaldía con mayoría absoluta, cosa que sí ocurre en 2007, a pesar de lo cual renuncia en 2008 y le pasa el testigo a Fernando Clavijo, que lejos de enderezar el rumbo de la gestión de los dineros públicos, sigue con la trayectoria trazada en las legislaturas anteriores.

Con el estallido de la burbuja del bloque y el inicio de la crisis económica en la que seguimos inmersos, esos años de dispendio y ligereza en la hacienda, sin créditos presupuestarios consignados y sin acatar los procedimientos reglamentarios, empezaron a generar enormes tensiones financieras y un bola de nieve en continuo crecimiento. Hay quien asocia la renuncia de Ana Oramas a esta situación descontrolada, que más pronto que tarde le pasaría factura política.

Como consecuencia del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de Febrero sobre el mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de los entes locales, una especie de Plan Marshall del PP para rescatar a ayuntamientos y comunidades autónomas, el pufo de las cuentas laguneras acaba por aflorar y de la noche a la mañana aparecen unos 70 millones de euros de una deuda que en buena parte debemos tildar de ilegítima.

Esto no implicaba borrón y cuenta nueva y La Laguna tuvo que someterse a un plan de ajuste financiero que en la práctica supuso un ayuntamiento intervenido por el Ministerio de Hacienda. Ese plan económico financiero impuesto prioriza la devolución de los créditos a los que se tuvo que acudir para saldar la deuda con los proveedores (cosa que no ocurrirá hasta el año 2023), autoriza al Ministerio de Hacienda a descontar los ingresos en la participación de los tributos estatales en caso de incumplimiento, supone un aumento de la presión fiscal, implica una disminución de la inversión productiva y una contención del gasto y deja a la institución atada de manos y pies para afrontar la auténtica situación de emergencia social por la que atraviesa nuestro municipio.

A una salud financiera crítica y a la intervención por el Ministerio de Hacienda, ahora tenemos que sumar el duro cuestionamiento que de nuestro ayuntamiento hace el propio Gobierno de Canarias, tal como ha quedado de manifiesto en el último informe del Fondo Canario de Financiación Municipal sobre la liquidación del año 2014, que señala un empeoramiento general respecto a los datos obtenidos en el ejercicio anterior, a excepción del endeudamiento a largo plazo, que se reduce en 9,3 puntos porcentuales, situándose en un 73,4 % de los ingresos corrientes, pero superior al tope del 70% establecido como máximo.

El resto de parámetros estudiados dejan mucho que desear: ahorro neto, un -4,8 %, 10,8 puntos porcentuales por debajo del nivel exigido; ahorro bruto, con una disminución de 6,5 millones de euros; remanente de tesorería, con una evolución negativa al reducirse su porcentaje en 13,1 puntos porcentuales; gestión recaudatoria, que se sitúa en el 79,7% o el presupuesto ejecutado, con un déficit cuantificado en -2,265 millones de euros.

La gravedad de la situación financiera de nuestra corporación queda plenamente reflejada en el índice de presión fiscal, que en 2014 alcanzó el 109,9%, superando la media de los municipios canarios, establecida en un 78% y llegando a 585 euros por habitante frente a los 509 de media en el resto del archipiélago, aspecto que además no se ve acompañado de un adecuado índice de inversión municipal, situado en el 4,3%, por debajo del obtenido en el ejercicio anterior y de la media de municipios Canarios, que en el 2013 se situó en el 8%.

También resulta preocupante el uso generalizado de los reconocimientos extrajudiciales de créditos para afrontar las deudas de ejercicios anteriores, que en 2014 rondaron los tres millones de euros, así como el saldo de dudoso cobro, que asciende a unos 81 millones de euros, cantidad que solo puede entenderse como un proceso de inflado artificial de los presupuestos o como una mala gestión de la cobranza, aspectos ambos de extrema gravedad.

Este desastre en las finanzas municipales no está saliendo gratis a la ciudadanía, ya que en las subvenciones del 2015 el Ayuntamiento de La Laguna deberá destinar el 50% de la transferencia correspondiente al Fondo Canario de Financiación Municipal exclusivamente a saneamiento, mientras que, en caso de haber hecho los deberes correctamente, ese dinero se podría dedicar a mitigar la situación de emergencia social que sufre el municipio.

A su vez, el presupuesto del ejercicio 2016 estará afectado por toda esta situación, por la disminución obligada del 5% en los capítulos I y II al superarse en dos meses consecutivos los 60 días de pago medio a proveedores, que en el mes de agosto de este año estaba en 80,1 días y por la amortización y pago de los intereses de la deuda, que supondrán unos 14 millones de euros, casi el 10% del presupuesto estimado.

Para echar luz a este lúgubre escenario y para conocer los datos de la gestión municipal realizada por los gobiernos de Ana Oramas y Fernando Clavijo y la legitimidad de la deuda que ahora ahoga le gestión municipal, desde Unid@s se puedo hemos tratado de que el Pleno autorizase una auditoría ciudadana, que se desarrollaría casi a coste cero al fundamentarse en las aportaciones de los técnicos municipales, sin embargo nuestra iniciativa no mereció el respaldo del resto de grupos políticos. Su realización se desvió hacia la Comisión de Hacienda Municipal, espacio que realmente no se presta para ese cometido, pero desde el que daremos una batalla sin tregua hasta conseguir saber la verdad de este auténtico boncho con dinero público que ha llevado a La La Laguna a un calamitoso estado económico.

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