GODIÑO Y CABALLERO ABSUELTOS POR UN PRESUNTO DELITO DE NOMBRAMIENTO ILEGAL DE FUNCIONARIO

Antonio Pérez Godiño -concejal Hacienda

El Juzgado de lo Penal número 5 de Tenerife ha absuelto a los exconcejales Antonio Pérez-Godiño y Manuel Caballero procesados por el nombramiento ilegal de un funcionario público, porque considera que no se puede exigir a un cargo público un “control exhaustivo” de todo lo que firma.

El ministerio fiscal había solicitado el sobreseimiento de la causa. Según relata la sentencia, el 9 de octubre de 2003, el pleno del ayuntamiento de La Laguna que presidía por aquel entonces Ana Oramas, aprobó la relación de puestos de trabajo de la corporación local. En esa relación, de puestos se creó la plaza de jefatura de negociado de vías públicas y cuyo requisito para ocuparla era ser arquitecto técnico y funcionario. En enero de 2004, se dictó un decreto que se otorgaba esa plaza a un funcionario interino.

El denunciante, que es funcionario de carrera, fue adscrito a otro puesto no asociado a una jefatura.

Después de varios recursos, el juzgado asegura que ha quedado acreditado que “el ayuntamiento lagunero destinó hasta a tres funcionarios interinos al puesto de jefatura de negociado de vías públicas con preferencia sobre el funcionario titular y sin que tuvieran los requisitos exigidos para su nombramiento”.

No obstante, lo que el juicio dictaminó es que, no  ha quedado acreditado que tanto Godiño como Caballero voluntariamente “propusieron u ordenaron la adscripción de los funcionarios interinos respecto al titular”. Ellos solo firmaron la propuesta de nombramiento, esto por si solo, según explica el juez encargado, no implica que los acusados participasen de un modo directo e intencional en el nombramiento.

Además el juzgado recuerda que los nombramientos han contado con informes técnicos y jurídicos favorables.

Quizás la conclusión más relevante es que, según el juez, “no se puede exigir a los representantes públicos un control exhaustivo de todos los documentos que diariamente se ven obligados a firmar”. 

Además el juez Marcos Díaz Peteiro sí reprocha al Ayuntamiento que cometiera una “vulneración flagrante” de los derechos del trabajador denunciante y que actuara contra “los principios generales que deben guiar la actuación de todo organismo público”

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