UNID@S SE PUEDE PEDIRÁ QUE SE INCLUYAN “CLÁUSULAS SOCIALES” EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

idaira

Unid@s se puede, la segunda fuerza en la corporación lagunera, llevará al pleno de este mes de Febrero una moción para que el municipio de Aguere incluya, las llamadas cláusulas sociales, en las contrataciones públicas que realice esta administración. El objetivo de esta medida, según este grupo, es primar a aquellas empresas que se comprometen a aplicar políticas de inserción laboral, de género, medioambientales, de calidad de empleo o de comercio justo.

La formación lagunera esgrime que según los datos del Observatorio de Contratación Pública, el estado español invierte anualmente el 18,5% del PIB en los contratos de las administraciones públicas, lo que supone unos 185.000 millones de euros al año. Por este motivo varios expertos en derecho y otras disciplinan relevantes en la contratación pública han concluido que la incorporación de criterios sociales en los contratos públicas es una oportunidad imperdonable para que desde las administraciones públicas se abogue por las políticas de inserción.

Según comenta la concejal de Unid@s se puede que presenta esta moción, Idaira Afonso,”la propuesta consiste en que a la hora de incorporar al personal en alguna contratación se haga asegurando la inclusión de personas en riesgo de exclusión social, victimas de violencia de género, personas con discapacidad, etc”. Afonso defiende que “la contratación que realiza el Ayuntamiento de La Laguna puede, y debe ser, una técnica que permita conseguir ciertos objetivos sociales ya que a través de la contratación pública, las administraciones realizan una política de intervención en la vida económica y social.“

La edil asegura que esta propuesta se basa en normas contempladas cada vez en más instituciones, como la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo, el Consejo de 31 de marzo de 2004 y la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contrato del Sector Público, que señalan la posibilidad de incorporar clausulas con consideraciones de tipo social o ambiental en los contratos públicos de las administraciones.

Con la aprobación de esta moción, el municipio no solo pasaría a aplicar estas cláusulas  a los nuevos pliegos de contratación de importantes servicios municipales, sino que además se introducirían modificaciones en las renovaciones o prorrogas de los contratos ya existentes.

La venta ambulante

En dicho Pleno lagunero el concejal de Unid@s se puede, José Marrero, también preguntará por los motivos que justifican los constantes retrasos en la puesta en marcha de la nueva ordenanza que debería regular la venta ambulante en el municipio y posibilitaría la instalación de mercadillos.

Marrero recuerda que ya existen dos acuerdos plenarios, uno en junio de 2012 y otro en septiembre de 2015, para terminar la redacción de esta ordenanza municipal que regula la venta ambulante, así como los criterios que se deben exigir para la asignación de los puestos y los espacios para realizar esta actividad comercial, sin que hasta el momento se haya presentado oficialmente documento alguno. Marrero considera que se está dilatando en el tiempo la redacción de una ordenanza que según el anterior concejal de Comercio lagunero, ya estaba lista en el año 2013 y que había tenido un coste cercano a los 18.000 euros, aunque la actual responsable afirmó en Pleno que no tenía constancia tal documento.

Considera que en este tiempo simplemente se ha intentado evitar el debate de un documento obligado por la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que impone la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios que se contemplan en los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFE) respectivamente. “De esta manera el Gobierno municipal de CC-PSOE fomenta que de facto se realice la venta ambulante en condiciones de alegalidad, como se puede ver a diario en zonas del municipio como la Avenida Trinidad, y vulnerando la propia normativa estatal, que impide que los puestos se ubiquen delante de comercios convencionales”, explica.

El edil de la formación lagunera cree que existe un “auténtico lobby” que está muy dispuesto a frenar cualquier acción política favorable a esta forma de comercio, pero que calla ante “un Plan General de Ordenación en el que Coalición Canaria ha plasmado una auténtica red de pequeños centros comerciales por todo el municipio, que son la verdadera amenaza para el comercio tradicional”.

El concejal de Unid@s se puede considera que al menos se debe dar una explicación seria a una demanda de un sector de esta sociedad, recordando que “casi doscientas familias del municipio han mostrado su interés por esta actividad y necesitan alternativas para poder ganarse dignamente la vida, pagando sus tributos y ofreciendo una actividad complementaria al comercio convencional o a las grandes superficies”.

José Marrero advierte que esperan lograr una respuesta favorable a su pregunta y no descarta que su grupo municipal ponga en marcha acciones judiciales contra el área de Comercio en caso de mantenerse este claro e inexplicable incumplimiento de los acuerdos plenarios y de las propia legislación.

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