PODEMOS PIDE EXPLICACIONES POR UN POSIBLE DELITO DE PREVARICACIÓN AL CONCEDERSE MILES DE LICENCIAS ILEGALES EN EL CASCO HISTÓRICO

la concepción lagunera

Paqui Rivero, consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife, ha requerido al Gobierno insular de CC-PSOE que aclare la cantidad total de licencias irregulares concedidas durante la última década en la parte de la ciudad de Los Adelantados dentro del Plan Especial de Protección, ya que, de confirmarse la noticia de que habrían sido unas 3.000 autorizaciones ilegales, “estaríamos ante un problema realmente grave, tanto por el daño patrimonial causado, como por las responsabilidades legales y penales derivadas”.

En ese sentido, Rivero ha incluido también en el orden del día de la próxima Comisión Insular de Gobierno Abierto una pregunta sobre “la salida negociada” que, según palabras en un pleno municipal de la concejala lagunera responsable del área, se está gestionando entre el Cabildo y este Consistorio en caso de que se confirmara la nulidad de miles de licencias urbanísticas en ese entorno y, por ende, la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación por la concesión de esas licencias prescindiendo de los informes preceptivos que deberían haber solicitado al Área de Patrimonio Histórico del Cabildo tinerfeño.

En su petición, la consejera de Podemos recuerda que la primera vez que pidió información sobre este escándalo “se nos contestó quitando hierro a la cuestión y limitando el alcance de dicha controversia y de los supuestos incumplimientos del Ayuntamiento de La Laguna”. A pesar de ese esfuerzo por minimizar el asunto, destaca, “el tema ha seguido saltando a los medios de comunicación una y otra vez, con datos cada vez más preocupantes sobre la magnitud de esta irregularidad que hace presuponer una importante destrucción de los valores patrimoniales que propiciaron la declaración de esta ciudad como Patrimonio de la Humanidad”.

Paqui Rivero adelanta que su formación preguntará si por ejemplo, entre otros casos, el Ayuntamiento de La Laguna informó al Cabildo de Tenerife de las reformas a las que se sometió a bienes catalogados como la Casa Franco de Castilla, los conventos de Santa Catalina y Santa Clara, la plaza de la Catedral o la Casa Anchieta y su entorno de protección porque “nos tememos que, aprovechando una controversia jurídica, en este tiempo se hayan dañado de forma irreparable edificaciones de alto valor patrimonial, vulnerando la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias que obliga a contar con el visto bueno del Cabildo”, finaliza.

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