UNID@S SE PUEDE PIDE LA RETIRADA DE LA LEY DEL SUELO DE CLAVIJO

Ley Suelo LL

Este martes el grupo municipal de Unid@s se puede registró las alegaciones al periodo de información pública el Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias. Rubens Ascanio, portavoz municipal de la formación, explica que se trata de una alegación en la que piden la retirada de la nueva Ley al entender que no cumple con las normas de participación ciudadana y que supone una grave agresión contra los recursos naturales y patrimoniales del Archipiélago.

La formación lagunera considera que esta normativa no cumple correctamente con la Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la participación ciudadana, concretamente a su artículo 18, referido al “Proceso participativo”. Recuerdan además que la participación está considerada como un elemento básico por el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español y “no puede consistir tan solo en un proceso de exposición pública limitado y sobre un texto totalmente definido”.

Ascanio explica que en las alegaciones del grupo municipal entienden que rebajar las condiciones técnicas de seguridad de las actuaciones a realizar en los suelos urbanos, urbanizables y rústicos facilitan la destrucción de este elemento estratégico, especialmente en territorios volcánicos e insulares como los nuestros, con ello creen que choca con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2006, por la que se establece un marco para la protección del suelo .

En Unid@s se puede consideran que con la Ley del Suelo se pone en marcha una auténtica opa hostil contra la amplia legislación que se ha desarrollado en Canarias en esta materia, optando por fragmentar la decisión sobre qué se hace en cada zona básicamente en los municipios. “Parece que Clavijo trata de dar rienda suelta a sus propios “traumas” con respecto a su paso por el área de Urbanismo y la alcaldía lagunera, mientras se debatía su Plan General, por lo que toma el camino de eliminar lo que él entiende que son trabas y que desde nuestro punto de vista son herramientas que garantizan el cumplimiento de la legalidad”, manifiesta.

Creen que esta normativa supondrá una drástica limitación a la Comisión para la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (COTMAC) como órgano administrativo que tenía hasta ahora encomendado controlar si los planes generales de los ayuntamientos o los insulares de los cabildos cumplían la legalidad en el Archipiélago. Explica que “apostamos claramente por reforzar los recursos de la COTMAC y facilitar su trabajo, dotándola de los medios necesarios para realizar una labor de control que no puede verse supeditada a los silencios administrativos o a crear 88 fragmentos que actúen de forma independiente sobre el territorio canario”.

Igualmente peligroso para la organización lagunera es el abuso de los procedimientos simplificados de evaluación ambiental para los proyectos de interés estratégico, donde “se facilita que los intereses económicos y cortoplacistas se sitúen por encima de los valores ambientales, agrícolas, patrimoniales, edafológicos o paisajísticos de esos lugares”.

Con respecto a los planes generales reseñan lo que manifiesta el texto de apostar por la “máxima simplicidad” y por ubicar el derecho de participación especialmente sobre “las entidades más representativas”, sin lograr avances significativos en el derecho a la información y a articular una auténtica participación en los planes previa a su debate. En este ámbito resaltan también la forma en la que se usan los silencios administrativos como vía para evitar las barreras técnicas de otras administraciones, dándose declaración ambiental estratégica.

Alertan igualmente del aumento de los planes parciales sobre suelo urbano no consolidado y en sectores de urbanizable, lo que creemos que facilita la indefensión jurídica los los particulares incluidos en los mismos. Además serán sometidos, en la mayor parte de los casos, a una evaluación ambiental estratégica simplificada según el artículo 150.1.

También su alegación rechaza el contenido de la Disposición final segunda, en la que se propone la modificación de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. Aseguran que limitar la capacidad de trabajo los cabildos, en los municipios con un Plan Especial aprobado, solamente a las licencias que afectan a los bienes de interés cultural y su entorno, dejando fuera a todas las edificaciones que conforman el ámbito y especialmente las que están catalogadas, dejando al Ayuntamiento toda la potestad, puede suponer un riesgo para estos bienes patrimoniales, tal y como se ha visto en la última década en La Laguna.

Rubens Ascanio entiende que esta Ley supone un claro riesgo para los miles de laguneros y laguneras que han luchado en los últimos tres años contra el Plan General de Fernando Clavijo. “Si el Gobierno local espera a esta Ley para poder hacer a su antojo el nuevo Plan se pone en riesgo un modelo de desarrollo sostenible y razonable por el que se ha estado luchando, dejando la puerta abierta a los planes parciales de bajo control ambiental y a otros usos torticeros del territorio”, apostilla.

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