LA IZQUIERDA LAGUNERA LLEVA EL DEBATE DE LA LEY DEL SUELO AL PLENO MUNICIPAL

Foto Clavijo

Los grupos municipales Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna exigen una participación ciudadana real en la redacción de la futura Ley del Suelo. Una exigencia incluida en la moción que ambas formaciones defenderán este viernes en el pleno extraordinario sobre el Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad. En el documento también se pide la retirada del Anteproyecto para que siente las bases de una nueva propuesta que promueva un uso sostenible del suelo como valor estratégico para las futuras generaciones y no como una simple mercancía.

La participación está considerada como un elemento básico por el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español y no puede consistir tan solo en un proceso de exposición pública limitado y sobre un texto totalmente definido. De este modo, los portavoces de ambas formaciones, Santiago Pérez y Rubens Ascanio, argumentan que esta normativa no cumple correctamente con la Ley canaria 5/2010, de 21 de junio, de fomento a la participación ciudadana, permitiendo que más allá de su presentación pública ante colectivos, se haga una participación efectiva desde la propia redacción, sabiendo qué quiere realmente nuestra ciudadanía con respecto al uso del suelo, si hay una apuesta por preservar o si las demandas actuales se basan en la necesidad de facilitar la urbanización de esos famosos 55 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable no desarrollados.

El citado anteproyecto de Ley ha generado un intenso debate entre organizaciones vecinales, sociales, ecologistas y sectores económicos y políticos reunidos recientemente en la Plataforma canaria por un territorio sostenible.

Santiago Pérez sentencia que si el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, hubiera dispuesto de la ley que ahora pretende aprobar siendo alcalde de La Laguna, “nos habría impuesto a los laguneros un PGO devastador contra el suelo agrícola, al servicio de los intereses más depredadores contra el territorio de las Islas”.

Asimismo, añade que Clavijo intenta darle a sus sucesores en La Laguna “el arma para poder aprobar el PGO en el que ya fracasó porque la legislación canaria se lo prohibía. De ahí que ahora quiera echar abajo esa legislación y las garantías para proteger el territorio y la naturaleza del Archipiélago”.

Para Rubens Ascanio, el Gobierno de Canarias ha optado por “un modelo legislativo extremista en materia de gestión del suelo, que abandona el principio de cohesión territorial en beneficio de las competencias municipales y arroja a los municipios a una difícil encrucijada, en particular a sus oficinas de urbanismo., sobre las que recaen unas garantías difíciles de cumplir sin los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios”.

De ahí que concluya que “el Anteproyecto derivará en un aumento de la conflictividad jurídica entre administraciones y cierra la puerta a cualquier posibilidad de equilibrio entre desarrollo urbanístico, actividad económica y protección del medio ambiente”.

Una norma que supondrá una drástica limitación a la Comisión para la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (COTMAC) como órgano administrativo que tenía hasta ahora encomendado controlar si los planes generales de los ayuntamientos o los insulares de los cabildos cumplían la legalidad en el Archipiélago. De este modo, los dos grupos municipales apuestan por reforzar los recursos de la COTMAC y facilitar su trabajo, dotándola de los medios necesarios para realizar una labor de control que no puede verse supeditada a los silencios administrativos.

Asimismo, critican que la apuesta por la simplificación de los planes generales implica un aumento de los planes parciales sobre suelo urbano no consolidado y en sectores de urbanizable, lo que consideran un aumento de la indefensión jurídica de los particulares incluidos en los mismos. Por esta razón, en la moción se solicita, además, que la nueva normativa vele por la seguridad jurídica y ambiental de los propietarios de estos terrenos, evitando los procesos de evaluación ambiental estratégica simplificada.

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