EL TSJC OBLIGA AL GOBIERNO A PAGAR MÁS DE 7,5 MILLONES DE EUROS POR LOS DAÑOS GENERADOS A LA ANTIGUA RECOVA

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El Gobierno de Canarias valora en más de 7,5 millones de euros la indemnización que ha de dar al Ayuntamiento de La Laguna por los daños generados al antiguo Mercado, situado frente a la Plaza de Adelantado, durante la ejecución de las obras de construcción de los nuevos juzgados.

Se trata, según indica el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, de “un paso más hacia el objetivo de dar cumplimiento al compromiso adquirido de que en este mandato se iniciarán las obras del Mercado”, precisamente en lugar donde estuvo tradicionalmente, frente a la Plaza del Adelantado.

En una reciente sentencia emitida por la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se especifica que el Ayuntamiento lagunero tiene derecho a un indemnización valorada en 6.884.118 euros por el traslado provisional del mercado y otra cifrada en 744.361,05 euros por los costes de reparación de la zona afectada directa e indirectamente por las obras de los nuevos Juzgados.

La denuncia se remonta al año 2010, cuando se estaba construyendo el actual edificio de los Juzgados frente a la Plaza del Adelantado y estando aún en pie la infraestructura del antiguo Mercado lagunero. Debido a las obras que se estaban ejecutando en un solar anexo para construir los nuevos juzgados, se generaron daños al edificio del mercado, por lo que el Ayuntamiento decidió interponer una reclamación patrimonial al Gobierno de Canarias y, más concretamente, ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

El consistorio consideró que se había generado un quiebro en un servicio público que dio lugar a la interrupción de la actividad del recinto, que originó a la reparación y reposición del inmueble. No obstante, el Ejecutivo autonómico estimó que la infraestructura del mercado, antes de empezar la obra de los juzgados, ya estaba deteriorada y se aconsejaba su demolición.

La Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento y condena además al Gobierno canario al pago de los intereses legales generados.

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