La Laguna no da ejemplo en el cobro del IBI por Juan Luís Herrera (Portavoz adjunto de XTF-NC)

FOTO DE JUAN LUIS HERRERA PEREZ (2)

Para exigir primero hay que dar ejemplo, y no se puede estar a las maduras cuando beneficia a la Administración y exigirle a los vecinos que paguen religiosamente cuando no se usa la misma vara hacia el lado contrario, y es el Ayuntamiento el que debe devolver todo lo que ha cobrado de más, en este caso a través de la regularización del polémico Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Refrescando la memoria, todo se inició con la publicación de la Ley 16/2012, el 28 de diciembre de 2012, que modificaba la Ley del Catastro Inmobiliario (Real Decreto 1/2004), introduciendose la Disposición Adicional Tercera que daba inicio al procedimiento de regularización catastral 2013-2016. Desde este instante la Dirección General del Catastro inició un proceso de regularización que se alargará hasta 2017, con el objetivo de hacer aflorar las nuevas construcciones y las alteraciones sobre las ya existentes no declaradas (ampliaciones, mejoras o cambios de uso en los edificios).

Además, a través de la Disposición Adicional Cuarta se indicaba que, mientras no se aprobaran las normas reglamentarias de valoración de los inmuebles rústicos, el valor catastral se obtendría por la aplicación de la ponencia de los valores urbanos vigentes en cada municipio, lo que ha provocado un gran problema para el sector primario. Esto es así porque la asignación de los valores de las construcciones rústicas sobre la base de una ponencia urbana provoca alteraciones al sobrevalorarlas. Así se puede dar el caso de hacer una equiparación de un sistema de riego con una piscina, realidades que en principio no tienen nada que ver una con la otra.

Por medio de la Resolución de la Dirección General del Catastro de 22 de junio de 2015 se inició el procedimiento para el municipio de La Laguna, que finalizó el 30 de julio de 2016. A partir de esa fecha se empezaron a recibir en algunos domicilios la notificación del catastro indicándo la obligación de pagar los 60 euros correspondientes a la tasa de regularización catastral, además de informar de los cambios efectuados en la valoración de la propiedad, abriéndose un periodo de reclamaciones al efecto.

Si la revisión catastral detectó un error en la valoración del inmueble que implicaba una subida, entonces el propietario debería pagar lo adeudado los últimos cuatro años (artículo 66 Ley 58/2003, General tributaria). Lo que no nos cuentan es que los errores catastrales que supongan una bajada de la contribución no están incluidos en el procedimiento con lo cual, en paridad, no se podrá exigir la devolución de los “ingresos indebidos” que ha obtenido el Ayuntamiento debido a esta sobrevaloración de los bienes inmuebles que ha estado cobrando de más.

Tampoco nos cuentan que el hecho de que un propietario tenga construcciones sin declarar al Catrastro puede deberse, en la mayoría de los casos, a que el Ayuntamiento concedió licencia de obra y los propietarios pensaron que ya estaba todo en regla y no tenían que hacer nada más. No se imaginaban que debían declarar al Catastro estas obras, puesto que no se lo ocultaron a la Administración municipal. Es cierto que el desconocimiento de la ley no exime de su responsabilidad, pero no es menos cierto que la gente no está debidamente informada. Además, existen convenios de los ayuntamientos con el Catastro para que el propietario ya no tenga que declarar la obra y lo haga directamente el ayuntamiento.

Por último, debemos tener en cuenta que después de la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo 2159/2014, de 30 de mayo de 2014, se determinó que “los suelos urbanizables, a efectos catastrales, sólo se pueden considerar como suelos de naturaleza urbana cuando tengan establecida la ordenación pormenorizada del mismo”. Esto provocó la modificación de la Ley del Catastro Inmobiliario por medio de la Ley 13/2015, de 24 de junio.

Pues bien, todos los propietarios que estuvieron pagando IBI urbano en suelos urbanizables, que según indica la mencionada sentencia debieran de haber pagado un IBI rústico, también están en su derecho de reclamar los ingresos indebidos que ha obtenido el ayuntamiento, al menos durante los últimos cuatro años. De hecho, en la Ordenanza Fiscal General Tributaria de Gestión, Inspección y Recaudación del Ayuntamiento de La Laguna (BOP 94, de 22 julio 2015) se indica en el artículo 24.3 que el procedimiento para la devolución de este dinero cobrado indebidamente debiera haberse iniciado de oficio por parte del propio Ayuntamiento, entendiendo que la sentencia firme del Tribunal Supremo había anulado estos cobros indebidos.

En este contexto, las palabras del alcalde respecto a este asunto nos plantean muchas dudas ¿Cuántas de las 8.900 personas que deben hacer frente a esta revaloración de sus propiedades habían solicitado una licencia de obra al Ayuntamiento, y, por tanto, siendo esta administración conocedora no informó al Catastro en su momento? ¿Cuántos errores a la baja se han detectado en las valoraciones catastrales, de tal modo que los vecinos estaban pagando un IBI mayor del que debían y que ahora no le devuelven? y por último, ¿Por qué no se procedió con la misma diligencia a devolver todo el dinero que se ha cobrado de más al haberse valorado durante mucho tiempo los suelos urbanizables sin ordenación pormenorizada como urbanos cuando debieran haber tributado rústicos?

En fin, que algunos como el alcalde de La Laguna van, como decían nuestros mayores, con “el mazo dando y a Dios rogando” y encima en Navidad. A ver si empezamos a trabajar para los vecinos y no en su contra.

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