Prórroga presupuestaria en La Laguna: crónica de un fracaso político por José Luis Hernández (Concejal de Unid@s se puede)

José Luis Hernández

Por segundo año consecutivo La Laguna tiene los presupuestos municipales prorrogados y aunque Candelaria Díaz, la responsable de la Concejalía de Hacienda, busca excusas en la demora en la formación del gobierno estatal, lo cierto es que estamos ante la evidencia de un fracaso político y ante la incapacidad del actual grupo de gobierno para gestionar las finanzas municipales.

Esta situación, sumada a la deuda de 105 millones de euros heredada de los gobiernos de Ana Oramas y Fernando Clavijo, la pésima ejecución presupuestaria en 2016 (solo un 71%) y la incapacidad para pagar a los proveedores municipales en tiempo, son la muestra inequívoca de que el modelo de gobierno de CC para La Laguna está en crisis y dando señales de profundo agotamiento.

La prórroga de los presupuestos de 2017, que no es fruto de que el grupo de gobierno esté en minoría en el Pleno ya que desde hace meses 14 ediles (7 de CC, 3 del PSOE y 4 del PP) tienen en la práctica un acuerdo de gobernabilidad y seguramente este año tampoco el PP tendrá reparos en entregarse sin rechistar en los brazos de CC para aprobar sus presupuestos , trae graves consecuencias para las finanzas municipales, que al final repercutirán negativamente en toda la ciudadanía.

La primera es que no se van a poder utilizar los mayores ingresos previstos en el año 2017 para prestar servicios y hacer inversiones, incluso lo que es peor, si no se aprueban los presupuestos antes de que estos se produzcan se van a tener que destinar íntegramente a amortizar anticipadamente deuda.

Así por ejemplo, el que hemos denominado como “catastrazo lagunero”, fruto del incremento por IBI urbana, que según el Informe Económico Financiero que ha elaborado el Área de Hacienda, tendrá un incremento de 3.913.714 euros, pasando de 37.777.227 en el presupuesto de 2016 a 41.690.941 euros en el año 2017, no se podrá utilizar si no se aprueba el nuevo presupuesto antes de que se liquide este impuesto. En este caso tendríamos a una ciudadanía sufriendo las consecuencias de un aumento de la presión fiscal, que iría directamente a los bancos, pues por ley todo mayor ingreso no previsto en el presupuesto deberá destinarse a amortizar anticipadamente la deuda.

Lo mismo ocurriría con el incremento de los ingresos previstos en los impuestos indirectos, básicamente el Fondo de Financiación Canaria (Recursos del REF), cuya previsión asciende a 25.463.974,78 euros y respecto al cual solo podrá utilizarse el importe incluido en el presupuesto inicial del ejercicio 2016, es decir, 22.879.500,58 euros, no pudiendo gastarse los restantes 2.442.014,95 euros.

En aquellos ingresos en los que se espera un descenso, como son los del IVTM (Impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica), donde se prevé que de los 7.300.000 euros de 2016 se pase a los 7.020.500 previstos para 2017, la diferencia también se tiene que minorar, generando en este caso una reducción de 279.500 euros en el presupuesto prorrogado.

Solo con estos tres ejemplos en 2017 la ciudadanía lagunera, por tener unos presupuestos prorrogados, se verá privada de gastos en servicios, subvenciones y obras públicas por un importe de 6,5 millones de euros, a los que se tienen que seguir añadiendo los importes de todas las obras o actividades que no finalizaron en el ejercicio de 2016 y cuyos créditos no se van a poder incluir en el de 2017.

Otra consecuencia negativa de la prórroga de los presupuestos es que no se pueden acometer nuevas inversiones y obras que no hubiesen sido planificadas y aprobadas en años anteriores, porque el destino de estos fondos suele tener un carácter finalista y se fija exactamente para qué proyecto va destinado.

A su vez, el incumplimiento sistemático en el pago medio a proveedores (PMP) el Ayuntamiento de La Laguna se va a ver privado de poder utilizar el Remanente de Tesorería, sin poder realizar con este recurso inversiones. Es decir, que los posibles ahorros que se generen, en este caso por la deficiente gestión municipal, no se van a poder utilizar en el bienestar de los laguneros y las laguneras.

Ante el caos y las nefastas consecuencias que está suponiendo el incumplimiento del PMP, resulta incomprensible que la Concejala de Hacienda salga en la prensa explicando que su objetivo es no superar los 60 días, cuestión que supondrían la intervención automática de los pagos por el Ministerio de Hacienda, sin preocuparle que si se superan los 30 días se condena al Ayuntamiento a no poder utilizar el Remanente de Tesorería en el 2017.

Que la máxima responsable política de la hacienda municipal se fije como un gran objetivo impedir que intervengan el Ayuntamiento por el incumplimiento grave en el PMP, nos reafirma en que el modelo de gestión municipal que CC ha aplicado en La Laguna en las tres últimas décadas está agotado y en que el cambio de ciclo se hace más necesario que nunca.

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