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CANDELARIA DÍAZ COMPARECERÁ, A PETICIÓN DE UNID@S SE PUEDE, PARA EXPLICAR LAS DENUNCIAS SOBRE LOS PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN

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El último Pleno municipal aprobó la comparecencia de la responsable de la Gerencia de Urbanismo municipal, Candelaria Díaz, solicitada por el portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, para aclarar las denuncias sindicales sobre el uso de los puestos de libre designación para ocupar las jefaturas.

La comparecencia, que se celebrará en el próximo Pleno ordinario, abordará esta denuncia de los representantes sindicales en la que es un uso irregular de los puestos de libre designación en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se está negociando, una cuestión que según el Tribunal Supremo debería tener un carácter excepcional.

Ascanio cree que es fundamental cumplir con la legalidad en este asunto y “no usar fórmulas que de facto permiten superar ampliamente lo establecido con respecto al personal de libre designación política”.

El portavoz de Unid@s se puede manifiesta que es fundamental que se establezcan mecanismos “que impidan este supuesto uso abusivo de la figura de la libre designación, como garantía de que los criterios básicos para prestar servicio en nuestro Ayuntamiento, basados en la formación y valía para el puesto que se desempeña, no el simple interés político o una supuesta afinidad ideológica”.

ASCANIO PREGUNTARÁ POR EL PERSONAL CONTRATADO TRAS GANAR SENTENCIAS JUDICIALES AL AYUNTAMIENTO

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Unid@s se puede preguntará en el Pleno del próximo jueves, sobre entrada en plantilla a cargo del Ayuntamiento de La Laguna de varios trabajadores y trabajadoras a través de sentencias judiciales. El procedimiento detectado implica que varias personas que estaban desempeñando funciones en determinadas áreas o servicios municipales con contratos temporales o eventuales, fueron trasladadas o se les encargó nuevas funciones, lo que llegados a ese punto, los trabajadores y trabajadoras pueden denunciar la situación y solicitar la admisión como personal indefinido del Ayuntamiento.

“Solo en el último Pleno, se decretaron siete ejecuciones de sentencia en el Juzgado de lo Social destinadas la incorporación de un total de doce personas como personal indefinido”, indica Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s se puede.

Para la formación de izquierdas, este caso demuestra una clara falta de responsabilidad y previsión por parte del Ayuntamiento. “Estos supuestos errores técnicos los pagamos todas y todos y creemos firmemente que si se necesita cubrir esas plazas, deberían salir a concurso público, demanda que también comparten las organizaciones sindicales con las que nos hemos reunido en los últimos meses”, asegura.

En la formación lagunera insisten en que se debe aclarar qué hechos técnicos o políticos hacen que en los últimos años se haya producido en varias ocasiones este tipo de sentencias recurrentes, que “solo se explican por graves errores administrativos o, lo que es incluso más grave, por una presunta intencionalidad de algún responsable público interesado en que determinada persona obtenga una plaza fija sin pasar por un concurso oposición”.

Unid@s se puede pide al Ayuntamiento que explique la situación y en todo caso, que ponga fin a esta práctica, previendo mejor el personal que necesita cada área y garantizando la accesibilidad igualitaria a los puestos, en base a méritos y no por errores administrativos difíciles de explicar. Ascanio cree que clarificar estas situaciones ayudará a mejorar la transparencia en el acceso a un puesto público, “alejando cualquier sospecha de colocación en base a intereses políticos o vínculos personales”.

UNID@S SE PUEDE PEDIRÁ QUE SE INCLUYAN “CLÁUSULAS SOCIALES” EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

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Unid@s se puede, la segunda fuerza en la corporación lagunera, llevará al pleno de este mes de Febrero una moción para que el municipio de Aguere incluya, las llamadas cláusulas sociales, en las contrataciones públicas que realice esta administración. El objetivo de esta medida, según este grupo, es primar a aquellas empresas que se comprometen a aplicar políticas de inserción laboral, de género, medioambientales, de calidad de empleo o de comercio justo.

La formación lagunera esgrime que según los datos del Observatorio de Contratación Pública, el estado español invierte anualmente el 18,5% del PIB en los contratos de las administraciones públicas, lo que supone unos 185.000 millones de euros al año. Por este motivo varios expertos en derecho y otras disciplinan relevantes en la contratación pública han concluido que la incorporación de criterios sociales en los contratos públicas es una oportunidad imperdonable para que desde las administraciones públicas se abogue por las políticas de inserción.

Según comenta la concejal de Unid@s se puede que presenta esta moción, Idaira Afonso,”la propuesta consiste en que a la hora de incorporar al personal en alguna contratación se haga asegurando la inclusión de personas en riesgo de exclusión social, victimas de violencia de género, personas con discapacidad, etc”. Afonso defiende que “la contratación que realiza el Ayuntamiento de La Laguna puede, y debe ser, una técnica que permita conseguir ciertos objetivos sociales ya que a través de la contratación pública, las administraciones realizan una política de intervención en la vida económica y social.“

La edil asegura que esta propuesta se basa en normas contempladas cada vez en más instituciones, como la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo, el Consejo de 31 de marzo de 2004 y la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contrato del Sector Público, que señalan la posibilidad de incorporar clausulas con consideraciones de tipo social o ambiental en los contratos públicos de las administraciones.

Con la aprobación de esta moción, el municipio no solo pasaría a aplicar estas cláusulas  a los nuevos pliegos de contratación de importantes servicios municipales, sino que además se introducirían modificaciones en las renovaciones o prorrogas de los contratos ya existentes.

La venta ambulante

En dicho Pleno lagunero el concejal de Unid@s se puede, José Marrero, también preguntará por los motivos que justifican los constantes retrasos en la puesta en marcha de la nueva ordenanza que debería regular la venta ambulante en el municipio y posibilitaría la instalación de mercadillos.

Marrero recuerda que ya existen dos acuerdos plenarios, uno en junio de 2012 y otro en septiembre de 2015, para terminar la redacción de esta ordenanza municipal que regula la venta ambulante, así como los criterios que se deben exigir para la asignación de los puestos y los espacios para realizar esta actividad comercial, sin que hasta el momento se haya presentado oficialmente documento alguno. Marrero considera que se está dilatando en el tiempo la redacción de una ordenanza que según el anterior concejal de Comercio lagunero, ya estaba lista en el año 2013 y que había tenido un coste cercano a los 18.000 euros, aunque la actual responsable afirmó en Pleno que no tenía constancia tal documento.

Considera que en este tiempo simplemente se ha intentado evitar el debate de un documento obligado por la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que impone la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios que se contemplan en los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFE) respectivamente. “De esta manera el Gobierno municipal de CC-PSOE fomenta que de facto se realice la venta ambulante en condiciones de alegalidad, como se puede ver a diario en zonas del municipio como la Avenida Trinidad, y vulnerando la propia normativa estatal, que impide que los puestos se ubiquen delante de comercios convencionales”, explica.

El edil de la formación lagunera cree que existe un “auténtico lobby” que está muy dispuesto a frenar cualquier acción política favorable a esta forma de comercio, pero que calla ante “un Plan General de Ordenación en el que Coalición Canaria ha plasmado una auténtica red de pequeños centros comerciales por todo el municipio, que son la verdadera amenaza para el comercio tradicional”.

El concejal de Unid@s se puede considera que al menos se debe dar una explicación seria a una demanda de un sector de esta sociedad, recordando que “casi doscientas familias del municipio han mostrado su interés por esta actividad y necesitan alternativas para poder ganarse dignamente la vida, pagando sus tributos y ofreciendo una actividad complementaria al comercio convencional o a las grandes superficies”.

José Marrero advierte que esperan lograr una respuesta favorable a su pregunta y no descarta que su grupo municipal ponga en marcha acciones judiciales contra el área de Comercio en caso de mantenerse este claro e inexplicable incumplimiento de los acuerdos plenarios y de las propia legislación.

GODIÑO Y CABALLERO ABSUELTOS POR UN PRESUNTO DELITO DE NOMBRAMIENTO ILEGAL DE FUNCIONARIO

Antonio Pérez Godiño -concejal Hacienda

El Juzgado de lo Penal número 5 de Tenerife ha absuelto a los exconcejales Antonio Pérez-Godiño y Manuel Caballero procesados por el nombramiento ilegal de un funcionario público, porque considera que no se puede exigir a un cargo público un “control exhaustivo” de todo lo que firma.

El ministerio fiscal había solicitado el sobreseimiento de la causa. Según relata la sentencia, el 9 de octubre de 2003, el pleno del ayuntamiento de La Laguna que presidía por aquel entonces Ana Oramas, aprobó la relación de puestos de trabajo de la corporación local. En esa relación, de puestos se creó la plaza de jefatura de negociado de vías públicas y cuyo requisito para ocuparla era ser arquitecto técnico y funcionario. En enero de 2004, se dictó un decreto que se otorgaba esa plaza a un funcionario interino.

El denunciante, que es funcionario de carrera, fue adscrito a otro puesto no asociado a una jefatura.

Después de varios recursos, el juzgado asegura que ha quedado acreditado que “el ayuntamiento lagunero destinó hasta a tres funcionarios interinos al puesto de jefatura de negociado de vías públicas con preferencia sobre el funcionario titular y sin que tuvieran los requisitos exigidos para su nombramiento”.

No obstante, lo que el juicio dictaminó es que, no  ha quedado acreditado que tanto Godiño como Caballero voluntariamente “propusieron u ordenaron la adscripción de los funcionarios interinos respecto al titular”. Ellos solo firmaron la propuesta de nombramiento, esto por si solo, según explica el juez encargado, no implica que los acusados participasen de un modo directo e intencional en el nombramiento.

Además el juzgado recuerda que los nombramientos han contado con informes técnicos y jurídicos favorables.

Quizás la conclusión más relevante es que, según el juez, “no se puede exigir a los representantes públicos un control exhaustivo de todos los documentos que diariamente se ven obligados a firmar”. 

Además el juez Marcos Díaz Peteiro sí reprocha al Ayuntamiento que cometiera una “vulneración flagrante” de los derechos del trabajador denunciante y que actuara contra “los principios generales que deben guiar la actuación de todo organismo público”

ASCANIO DEFENDERÁ ACABAR CON EL “CLIENTELISMO” EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

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En el Pleno ordinario del próximo jueves se debatirá una moción de Rubens Ascanio, concejal de Unid@s se puede, en la que reclama avanzar en criterios claros y públicos en los procedimientos de contratación de personal en el Ayuntamiento.

El edil explica que en las asambleas y reuniones que han mantenido con la ciudadanía en los últimos meses, relativas a la gestión del Ayuntamiento, ha surgido en numerosas ocasiones el debate sobre las contrataciones del personal y el acceso a procesos de selección para convenios. “En La Laguna continúa existiendo una sensación generalizada de que se contrata a los mismos, por criterios partidistas o familiares, y, aunque se haya avanzado debido a la presión ciudadana, en los mecanismos de contratación continúan existiendo prácticas poco transparentes y que creemos que rozan la ilegalidad”, explica.

Ascanio defiende la puesta en marcha un pacto municipal y social que se materialice en la creación de bolsas de empleo que cubran el papel social de la contratación municipal, sin menoscabo de las necesidades objetivas del Ayuntamiento. Para ello Unid@s se puede propone la aprobación de “un protocolo que garantice la transparencia y objetividad de todos los procesos de contratación a nivel municipal, aboliendo las prácticas clientelares y favoreciendo el control público de los procesos”.

Creen que durante años “se ha ejercido una política de contrataciones oscurantistas, tanto en el Ayuntamiento, como en las empresas que prestan servicio para el mismo, tal y como ha quedado de manifiesto en los documentos contenidos en los casos judiciales como el Corredor y el de la compraventa de las grúas municipales, en los que de forma recurrente aparecen testimonios que indican la contratación de personas por criterios políticos, gracias a llamadas a cargos públicos”. El edil de la formación lagunera opina que “es hora de acabar con este tipo de contrataciones poco transparentes y avanzar a un modelo donde se conozca con claridad quién, cuándo y cómo se contrata en nuestro Consistorio”.

Proponen, como ya está sucediendo en otros municipios, una comisión de seguimiento de las contrataciones públicas municipales, formada por un representante de cada uno de los grupos municipales, representantes de los empleados públicos locales y cuatro ciudadanos escogidos al azar, que velará por la transparencia de los procesos de selección. Igualmente defienden que se publiquen en la página de transparencia del Ayuntamiento los baremos aplicados en los procesos de selección, las contrataciones realizadas y el puesto en el que se encuentran las personas que integran dichas bolsas de empleo.

En Unid@s se puede creen que las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento también deben regirse por los mismos criterios de contratación “transparente, no partidista, y en base a los méritos acreditados”. Insisten en que este tipo de criterios deberán aplicarse en los próximos pliegos de condiciones que rijan estos servicios públicos.