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LA PLATAFORMA POR LA DIGNIDAD DENUNCIA EL ABANDONO DE 187 FAMILIAS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO LAGUNERO

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Miembros de la Plataforma por la Dignidad y familias de Geneto en La Laguna afectadas por la gestión de Visocan, han presentado peticiones individuales y colectivas a la señora Consejera y Presidenta de Visocan Cristina Valido en la sede de Santa Cruz de Tenerife, en el Edificio El Cabo.

Son 187 familias de dos residenciales de Geneto propiedad de Visocan a las que se les ha abandonado a su suerte, con humedades que afectan seriamente a la salud de muchos niños, con malos acabados y desperfectos muchos, con una instalación eléctrica que les genera elevados costes, y sin ningún recurso social, comercial o formativo en sus inmediaciones. Las 187 familias a las que se les pasan cobros de alquiler de hasta 431 euros al mes sin atender a sus situaciones económicas y familiares que presentan y a las que se fuerza a firmar compromisos de pago en los que asumen deudas pasadas que saben que no podrán pagar y que firman únicamente por el miedo al desahucio. 

Exigen el cumplimiento del acuerdo firmado en 2015 por el Alcalde de La Laguna y el Director del Instituto Canario de la Vivienda, un acuerdo que establecía 6 compromisos institucionales por los que se pretendía asegurar a las familias de La Laguna que residen en viviendas de Visocan que pagaran una cuota acorde a sus ingresos, además de otras coberturas. También han pedido a la Consejera que se reafirme en lo que dijo su antecesora en sede Parlamentaria, cuando afirmó que Visocan no desahuciaría a ninguna familia por motivos económicos.

Han solicitado una reunión con la señora Consejera y han hecho lo propio con la concejal de Asuntos Sociales de La Laguna, en un asunto que se prevé largo y que no es nuevo, el de las familias que sufren a la empresa pública Visocan.

LA PLATAFORMA POR LA DIGNIDAD DENUNCIA LA SITUACIÓN DESESPERADA DE UNA VECINA DE LA LAGUNA SIN RECURSOS

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La Plataforma por la Dignidad asegura que ni aunque pasen 20 años, ni que entren 20 alcaldes, las cosas en La Laguna cambian. Llevan años denunciando pública e institucionalmente (en el Parlamento, en el mismo Ayuntamiento, en la oposición, en los Plenos, en la Consejería, en el Diputado del Común) a los Servicios Sociales de La Laguna por ser excesivamente restrictivos y hasta crueles en la burocracia que exigen a las familias que acuden a sus dependencias a solicitar una ayuda social, y la historia se repite una y otra vez.

En esta ocasión se trata de una mujer joven residente en el municipio, que se ve sin trabajo, sin ingresos y sin familia alguna que pueda ayudarla, viviendo en la casa que paga su marido desde la Península. El marido se ha marchado a trabajar a fuera y por lo que ella nos cuenta no quiere saber nada de su mujer. Ella vive sola y sin ayuda de nadie, más allá de lo poco que le manda su marido cuando se acuerda y le viene bien. Ante esta situación de semiabandono y precariedad absoluta, ella no tiene más salida que acudir al INEM a apuntarse al paro y a los Servicios Sociales a pedir una ayuda social.

En el INEM la mandan a hacer un curso para desempleados al Puerto de la Cruz, un curso para el que no cuenta con ayuda al transporte, debiendo pagarse ella misma el traslado diario, con un dinero que no tiene. En los Servicios Sociales lo más que pueden ofrecerle es una ayuda de alimentos en forma de bono, para lo que le entregan una lista inmensa de documentos a aportar, para un simple bono de 100 euros trimestrales como mucho. Entre los muchos documentos que le piden, le llegan a pedir hasta fotocopias de los billetes de avión del marido para comprobar que dice la verdad. Y como no, el recurrente convenio regulador o en su defecto la demanda de separación.

Ella alega que no puede separarse de su marido, aunque es lo que le gustaría, porque a fin de cuentas depende para vivir de lo poco que su marido le manda tarde y mal desde la Península. No puede denunciarlo, porque si lo hiciera su marido dejaría de pasarle lo poco que le pasa, y su situación sería aún peor. Al margen de este inconveniente, tardaría igualmente unos cuantos meses en encontrar abogado de oficio y tramitar la documentación, cosa que parece harto excesiva para una simple ayuda de alimentos puntual. Y todavía esta mujer tiene suerte, porque no tiene hijos. Si tuviera hijos habría escuchado la sutil advertencia de que si su situación no mejora se verán obligados a abrirle un Expediente de Riesgo, que en el peor de los casos podría derivar en un Expediente de Desamparo por el que perdería la custodia de sus hijos.

Y esta es la realidad recurrente, según la Plataforma, en los Servicios Sociales de La Laguna desde hace muchos años, las madres precarias, las mujeres que peor están, se encuentran a menudo con dificultades miles para poder seguir adelante y en muchos casos desisten de acudir a pedir una ayuda social al Ayuntamiento, por miedo a que le quiten a sus hijos, o como en este caso, por imposibilidad de presentar toda la documentación que les exigen o por ser más el perjuicio que el beneficio. 

Ante esta situación, la mujer afectada de la que hablan no encuentra más salida que acudir a la Plataforma a pedir ayuda, una ayuda que se le ha prestado en forma de bono de alimentos y avanzan ahora con más gestiones, en el Ayuntamiento, ante la oposición y acudiendo a los medios de comunicación para que estos abusos puedan conocerse.

Está por ver la receptividad que tiene ante esta problemática la nueva concejal de Asuntos Sociales, la exdiputada Flora Marrero (CC).

ANC DENUNCIA QUE EL AYUNTAMIENTO LAGUNERO NIEGA EL EMPADRONAMIENTO A 17 FAMILIAS DE TACO

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Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) en La Laguna y la Plataforma por la Dignidad observamos el incumplimiento y vulneración de la legalidad que se lleva a cabo reiteradamente por parte del consistorio lagunero. Todo ello atentando contra la población de mayor fragilidad social y aparente indefensión.

Por eso, desde Alternativa Nacionalista Canaria en La Laguna y la Plataforma por la Dignidad denunciamos la vulneración de la Ley en la que incurre el Ayuntamiento de La Laguna al negar la posibilidad de empadronarse a unas 17 familias residentes en un edificio de viviendas ocupado en Taco. Familias en situación realmente precaria que llevan tiempo residiendo en ese edificio abandonado; familias con niños a cargo que en la mayoría de casos no tienen ni lo más mínimo indispensable y que por no poder empadronarse no tienen tampoco derecho a acceder a las coberturas que ofrece el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo o el Gobierno de Canarias, en materia de protección social así como en otras muchas áreas. 

Conviene recordar que el artículo 54 del Real Decreto 1690/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades locales establece lo siguiente:

1. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

2. Los menores de edad no emancipados y los mayores incapacitados tendrán la misma vecindad que los padres que tengan su guarda o custodia o, en su defecto, de sus representantes legales, salvo autorización por escrito de éstos para residir en otro municipio. En todo caso, respecto a los mayores incapacitados se estará a lo dispuesto en la legislación civil.

3. La inscripción en el padrón municipal de personas que residiendo en el municipio carezcan de domicilio en el mismo sólo se podrá llevar a cabo después de haber puesto el hecho en conocimiento de los servicios sociales competentes en el ámbito geográfico donde esa persona resida.

Y mucho más reciente y claro nos queda en la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. Esta Resolución detalla y pormenoriza todas las obligaciones de los Ayuntamientos en materia de empadronamiento, y entre otras consideraciones dice lo siguiente: 

3.3 empadronamiento de personas sin domicilio.

Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón.

Vista una parte de la normativa que regula el derecho al padrón, parece evidente que el Ayuntamiento de La Laguna la incumple con las mencionadas familias que ocupan el edificio de Taco al negarles el derecho a empadronarse y de esta manera dejarlas fuera del derecho a la protección social al que todo ciudadano debería poder acceder. Una normativa que también vulnera al no dar resolución motivada a los interesados, como también contempla la última mencionada resolución cuando afirma: En el supuesto de denegación de la inscripción será necesaria una resolución motivada por parte del Alcalde – Presidente (o persona en quien delegue), según el artículo 54.1 de Ley 30/1992, haciéndose constar que la citada resolución denegando el alta en el Padrón municipal será susceptible de impugnación conforme al régimen general establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Capítulo II del Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Cabe destacar que esta controversia ya se dio en Santa Cruz de Tenerife hace unos años con familias que residían en la vieja fábrica de la Celgán o en las chabolas del Pancho Camurria, viéndose obligado a rectificar el propio Alcalde Bermúdez en carta dirigida a la Plataforma por la Dignidad que tuvo su eco público en la edición de El Día del 28 de octubre de 2012.

Por todo ello, desde ANC y desde la Plataforma por la Dignidad no podemos más que denunciar el abandono que sufren estas familias de La Laguna, que por desgracia no son las únicas y no es el primer caso, confirmando que iremos hasta donde haga falta para que se ampare y asista a estas familias en sus legítimos derechos como ciudadanos.

DENUNCIAN A CLAVIJO ANTE EL DIPUTADO DEL COMÚN POR “NEGAR UNA AYUDA DE ALIMENTOS A UNA FAMILIA”

Alcalde Fernando Clavijo

La familia, un matrimonio residente desde hace años en la localidad, con dos menores de edad a su cargo y estando en la actualidad viviendo con un único ingreso de 426 euros correspondientes a un subsidio, con gastos de alquiler de vivienda de 330 euros mensuales además de agua y luz, acuden en días pasados a los Servicios Sociales de La Laguna a solicitar una ayuda de alimentos y para su sorpresa se encuentran con que la trabajadora social rechaza la tramitación de la ayuda y se convierte en juez, alegando que 60 euros de gasto de teléfono mensual es un gasto excesivo que presupone, según ella, que la familia no tiene verdadera necesidad de ayuda de los Servicios Sociales. 

El padre denunciante le explica a la trabajadora social del Ayuntamiento de La Laguna que ese gasto corresponde a varios números asociados que contrataron cuando él estaba trabajando tiempo atrás y podía pagarlo bien, y que en la actualidad se ve obligado a mantener con las condiciones firmadas debido a una permanencia a la que le obliga la compañía telefónica, pidiéndole que al menos tramite la ayuda y que ya evalúen otros técnicos si es pertinente o no. 

Ni los argumentos presentados por el padre, ni la realidad conocida en el Ayuntamiento de necesidad de la familia, ni el hecho de que hoy en día es sabido que un teléfono móvil más que un lujo es necesario para mil cosas (avisos del colegio de los niños, envío de curriculum, búsqueda de empleo, etc.), sirvieron para que la trabajadora social tramitara la ayuda para esta familia, llegando incluso a poner por escrito la negativa con los argumentos peregrinos que esgrimía. 

Ante la negativa del Ayuntamiento y las necesidades manifiestas y urgentes de esta familia, se pusieron en contacto con la Plataforma por la Dignidad  que les ayudaron con gestiones varias y con alimentos frescos, recomendándoles que presentarán queja en el Ayuntamiento y acudieran a denunciar su caso al Diputado del Común, donde ya constan otras denuncias pasadas de la Plataforma por la Dignidad contra el Ayuntamiento de La Laguna por casos similares, esperando que la institución que preside el señor Jerónimo Saavedra retome los casos y haga algo. 

Sobra decir que en los años que llevan trabajando por las familias precarias, la Plataforma por la Dignidad, buena parte del trabajo y de la ayuda prestada ha sido a familias residentes en La Laguna abandonadas a su suerte por su Ayuntamiento. 

En la Plataforma se pregunta si en el Ayuntamiento de La Laguna comprobaron también las facturas de teléfono de la concejala María José Castañeda del PSOE o del “buen amigo” de CC Ricardo González, cuando procedieron a concederles las ayudas por las que todavía permanecen imputados ambos junto con el propio Alcalde y candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias, el señor Fernando Clavijo.   

Y así están las cosas en La Laguna, donde tantas familias sufren la más auténtica de las miserias y las ayudas sociales se tramitan de manera tan injusta y cruel, y donde, a modo de ejemplo, todavía permanecen vacías unas 60 viviendas de propiedad municipal a cargo de Muvisa, unas viviendas por las que la Plataforma por la Dignidad abrió una campaña-encuesta hace unos meses para preguntar a la ciudadanía por su mejor uso, resultando mayoritaria la voluntad de los ciudadanos laguneros de que fueran puestas en alquiler social para familias con  problemas de acceso a la vivienda. Unas 600 personas respondieron a esa encuesta, varios escritos se presentaron en el Ayuntamiento, sin respuesta del grupo de Gobierno y del PP, y con una muy tibia respuesta y apoyo de los partidos Sí se Puede y XTF en la oposición. Incluso aún están esperando a que lleven el asunto a un Pleno, como les  aseguraron que harían.    

Dicho esto, en la Plataforma no confian en que el Diputado del Común vaya a hacer demasiado con el asunto, como tampoco hizo nada en anteriores ocasiones, dándoles así ellos mismo paradójicamente la razón a los que piensan que dicha institución debería ser suprimida.

El 99% DE LOS ENCUESTADOS POR LA PLATAFORMA POR LA DIGNIDAD A FAVOR DE PONER EN ALQUILER SOCIAL LAS VIVIENDAS VACÍAS DE MUVISA

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Con fecha 25 de octubre tuvimos conocimiento a través del Diario de Avisos que el Ayuntamiento de La Laguna y su empresa municipal de viviendas Muvisa habían optado por bajar aún más el precio de las aproximadamente 50 viviendas de su propiedad vacías en Geneto, con la esperanza de poder venderlas y recuperar parte de la inversión (con posterioridad hemos sabido que en verdad son 65 las viviendas de Muvisa vacías en La Laguna). A la par de esta realidad, son muchas las familias residentes en La Laguna que acuden desde hace tiempo a la Plataforma por la Dignidad a pedir ayuda por carecer de ingresos o por tener ingresos mínimos, con problemas de acceso a los alimentos, al pago de recibos o al pago de una vivienda, siendo muchas las que no pueden acceder a una vivienda digna, por ausencia de oferta pública y escasez de ayudas.

Por ello desde el primer momento la Plataforma fueron contrarios a la decisión que se anunciaba a propósito de las viviendas vacías de Geneto, entendiendo que el Ayuntamiento de La Laguna y la empresa Muvisa faltaban con ello al principio primero al que se deben, uno de servir a los ciudadanos y otra de facilitar vivienda a familias con dificultades de acceso a ella, como reza en su propia página web: “El objeto del Área Social de Muvisa como unos de los ejes transversales de la sociedad municipal de viviendas en el municipio de San Cristóbal de La Laguna es la atención personalizada a los solicitantes de vivienda de protección pública, y en general a cualquier familia con problemática alojativa.”

Con la intención de denunciar lo que considerábamos una decisión lamentable y muy impropia de un organismo público, a principios de noviembre iniciamos una campaña informativa a la que adjuntábamos una pregunta: ¿Estás de acuerdo con que las 50 viviendas vacías de Geneto propiedad del Ayuntamiento de La Laguna se ofrezcan en alquiler social a las familias desfavorecidas del municipio que esperan casa desde hace tiempo?

Hace unos días cerraron la campaña y la encuesta después de haber estado informando y recogiendo opiniones por las calles de La Laguna en distintos días. De las aproximadamente 600 respuestas que recogieron tan sólo 5 contestaron negativamente a la pregunta apoyando la decisión del Ayuntamiento. Son conscientes del poco rigor científico que tiene la encuesta, no siendo  sociólogos ni expertos en encuestas, lo cual no invalida los resultados en todo caso, convencidos de que las respuestas no habrían sido demasiado diferentes de haberle encargado la encuesta a una empresa especializada. Simplemente preguntaron a la gente por las calles de La Laguna explicándoles previamente el asunto, el resultado es una buena piedra de toque de lo que siente y piensa la ciudadanía del municipio sobre este asunto. Los ciudadanos les muestran a nuestros políticos la realidad que no quieren ver: que podrán vender a lo sumo y con mucha suerte unas cuantas viviendas, dos, tres o cuatro, que no supondrán a la postre variación apenas perceptible en las cuentas de Muvisa. ¿Y qué pasará con las restantes viviendas vacías? ¿Vacías a perpetuidad? Eso es una obscenidad en los tiempos de crisis tan dura que soportamos, y ellos lo saben igual que nosotros.

En resumen, a su modo de ver no es admisible que el Ayuntamiento y Muvisa mantengan tantas viviendas públicas vacías durante tanto tiempo por una remota opción de venta futura en lugar de adjudicarlas en alquiler social, y ello por motivos únicamente económicos, para intentar paliar la difícil situación financiera de la empresa Muvisa. Si Muvisa está mal económicamente, ententienden que deberían buscar maneras de sanearla que no vayan contra los propios principios de la empresa y el interés general, y en último caso o bien la rescatan o bien la cierran y ceden las viviendas a otra institución pública que pueda gestionar su uso social.

Y así podrían continuar argumentando en favor de la demanda, pero creen que sobra con lo que exponen, con el dato que refleja la encuesta –más o menos seria- con tan abrumador resultado, a lo que podrían sumar los comunicados y manifestaciones de apoyo de las Asambleas Locales de los partidos Sí se Puede o Izquierda Unida, de XTF, de Alternativa Nacionalista Canaria o del movimiento municipalista Ganemos Tenerife, entre otros.

Por todo lo dicho, mañana miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se concentrarán por el derecho a una vivienda digna a las 11.00 horas frente al Ayuntamiento de La Laguna, habiendo previamente registrado y sellado varios escritos con nuestra petición, al grupo de Gobierno y a los demás grupos y asambleas locales, para que cada uno desde su ámbito hagan lo posible por poner en habitabilidad con fines sociales las 65 viviendas vacías que gestiona Muvisa en La Laguna.